Editorial

suelo barato

Por fin. Tras su debate en el senado, el congreso de diputados aprobó ayer la ley del suelo, que entrara en vigor dentro de pocos días. La tramitación del proyecto ha sido especialmente laboriosa, ya que el gobierno tuvo que adaptar el texto a una sentencia del tribunal constitucional, que, en marzo del año pasado, invalidó más de 200 artículos de la anterior ley, una norma refundida de 1992. El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número depreguntacuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado). La nueva ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable.
salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos.
El gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguro ayer el ministro arias-salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda. Tengase en cuenta que el suelo representa ahora más del 40% del coste de una vivienda, una cifra que se ha duplicado desde 1982, el año en que llegaron al poder los socialistas.
La nueva ley reduce además del 15% a un máximo del 10% el coeficiente de cesión obligatoria de los promotores privados a los ayuntamientos. La federación española de municipios había pedido al gobierno que no se rebajara este porcentaje, ya que los ayuntamientos obtienen importantes ingresos de él. Con buen criterio, la nueva ley lo disminuye, ya que no parece lógico que las corporaciones municipales hagan negocio de la construcción de viviendas.
El texto aprobado, siguiendo la doctrina establecida por el constitucional, cede a las comunidades autónomas las competencias en materia de planificación del suelo y ordenación urbanística. El estado se reserva el regímen jurídico de la propiedad, el de valoración y las expropiaciones de interés público.
La oposición de izquierdas, Psoe e IU, no a acogido con entusiasmo la nueva ley del suelo, que, según su parecer, podría favorecer la especulación inmobiliaria. Tal vez. Existe ese riesgo. Pero de lo que no hay duda es de que el vigente régimen de filosofía intervenciónista ha provocado durante los últimos 10 años un astronómico incremento del precio del terreno para edificar.
Cuando la posibilidad de construir una urbanización depende de una licencia municipal arbitraria o de una recalificación de terrenos, hay serias posibilidades de corrupción a lo largo del proceso. Simplificar y hacer más transparente el uso del suelo no es ningún despropósito, aunque se echa en falta en la ley una apuesta por la figura del promotor de suelo urbanizable. Habrá que dar tiempo al tiempo hasta que esta iniciativa pueda dar sus frutos. Sólo entonces podremos hacer un juicio definitivo.