La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que investiga a cargos públicos aforados, ha decidido archivar las tres denuncias presentadas por incumplir la atención sanitaria en los programas para detectar el cáncer de mama. Las denuncias se dirigían contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que ocuparon esos puestos durante el periodo cuestionado. Tras realizar diligencias preprocesales, la Fiscalía concluyó que no existen indicios de delito, especialmente respecto a los dos cargos aforados que actualmente se encuentran en esa situación.


El alcance de la decisión de la Fiscalía

El decreto de archivo implica que, con la información disponible ahora, no se puede seguir procesando legalmente a los implicados. La investigación se centró en analizar si hubo responsabilidad penal por los problemas denunciados en el programa de cribado. Al no hallar pruebas que sugieran un delito, especialmente en el caso de los dos altos cargos con aforamiento, la Fiscalía ha cerrado la vía penal. Esto no impide que se puedan explorar otras vías de responsabilidad de tipo administrativo o político.

El contexto de las denuncias archivadas

Las denuncias se basaban en presuntas deficiencias en la ejecución y gestión de los programas de salud pública diseñados para diagnosticar el cáncer de mama a tiempo. Los hechos investigados ocurrían en un periodo concreto y afectaban a varios responsables. La decisión de archivar pone fin, de momento, a este capítulo judicial, aunque refleja la complejidad de atribuir responsabilidad penal individual en fallos de sistemas administrativos amplios.

A veces, la justicia decide que lo que parece un laberinto de responsabilidades es, en realidad, un callejón sin salida bien señalizado.