La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decide archivar las diligencias abiertas contra el cantante Julio Iglesias. Dos exempleadas lo denunciaron por agresiones sexuales, acoso, trata de personas y vulnerar derechos laborales. El Ministerio Público considera que los tribunales españoles no tienen jurisdicción ni competencia para investigar estos hechos. Argumenta que los supuestos eventos ocurrieron en 2021 fuera de España, concretamente en República Dominicana y Bahamas. Además, ni las víctimas ni el acusado residen actualmente en el país. La Fiscalía no encuentra los requisitos legales para aplicar la jurisdicción extraterritorial, por lo que cierra el caso sin analizar el fondo de las acusaciones.


Las denunciantes lamentan la decisión y estudian otras vías

Las dos mujeres, representadas por la ONG Women’s Link Worldwide, expresan su decepción por esta resolución. Consideran que la decisión deja sin investigar graves acusaciones. Su defensa legal anuncia que podría intentar reproducir la denuncia ante otros órganos judiciales, buscando un foro que sí se considere competente. Esta opción dependerá de analizar las posibilidades que ofrecen otros sistemas jurídicos.

La base del archivo se centra en un problema de competencia

El razonamiento de la Fiscalía se limita exclusivamente a una cuestión de competencia territorial. Al determinar que los hechos no ocurrieron en España y que no concurren circunstancias que permitan a la justicia española juzgar delitos cometidos en el extranjero, el procedimiento se paraliza. Esto impide que un juez valore las pruebas o la credibilidad de los testimonios, dejando las acusaciones sin un examen sustantivo.

Así que, por ahora, el caso navega hacia aguas internacionales, mientras en España se archiva por no poder atracar en el puerto judicial correcto.