Un tribunal de La Haya dictamina que el gobierno de los Países Bajos no protege lo suficiente a los cerca de veinte mil residentes de la isla caribeña de Bonaire contra los efectos del cambio climático. La corte considera que el Estado trata de forma desigual a estos ciudadanos en comparación con los que viven en la parte europea del país, lo que viola sus derechos humanos. El fallo señala específicamente que no se adoptaron medidas adecuadas para enfrentar la subida del nivel del mar, las inundaciones y las temperaturas extremas.


El tribunal ordena al Estado neerlandés actuar

La corte ordena al gobierno neerlandés que establezca objetivos vinculantes para reducir los gases de efecto invernadero. Además, debe elaborar un plan detallado con plazos concretos para que Bonaire se adapte al cambio climático. Este fallo judicial cuenta con el respaldo de la organización Greenpeace y se analiza como un precedente que podría influir en casos similares en otras partes del mundo.

Un fallo con implicaciones globales

La decisión judicial subraya que los gobiernos tienen la obligación de proteger a toda su población por igual frente a amenazas globales como el cambio climático. Al determinar que hubo un trato discriminatorio hacia los residentes de un territorio especial, el tribunal sienta una base legal que otros ciudadanos en situaciones parecidas podrían usar para exigir a sus Estados que actúen.

Parece que, a veces, para que un gobierno mueva ficha, hace falta que un tribunal le mueva el tapete con una sentencia firme. La justicia climática avanza, pero a paso de sentencia.