La polémica sobre los derechos humanos en los países anfitriones del próximo Mundial de fútbol, Estados Unidos, Canadá y México, reaviva el debate sobre el boicot deportivo. Varias organizaciones y activistas instan a las federaciones europeas a no participar en el torneo de 2026. Argumentan que celebrar el evento en naciones con historiales controvertidos, especialmente en lo que respecta al trato a migrantes y comunidades minoritarias, legitima esas políticas. La presión busca que el fútbol use su influencia global para promover cambios.


Las críticas se centran en las políticas migratorias

Grupos defensores de derechos humanos señalan con particular firmeza las prácticas de Estados Unidos en su frontera sur. Consideran que la postura del país anfitrión principal contradice los valores de inclusión que el deporte dice defender. Las deportaciones masivas y las condiciones en algunos centros de detención son el eje de las denuncias. Esta situación pone en un aprieto a la FIFA, que promueve mensajes de unidad pero otorga sus máximos eventos a países con estas problemáticas.

El precedente de Qatar complica la posición de la FIFA

La celebración del Mundial 2022 en Catar ya generó un intenso escrutinio sobre cómo la FIFA elige a sus sedes. Las acusaciones entonces se centraron en los derechos de los trabajadores migrantes. Ahora, el foco se desplaza hacia los derechos civiles. Los críticos afirman que el organismo rector del fútbol prioriza el lucro económico sobre sus propios principios éticos. Ante esto, algunas federaciones europeas evalúan su postura, aunque un boicot masivo se percibe como improbable por los enormes intereses comerciales en juego.

Quizás el verdadero deporte rey no sea el fútbol, sino el de esquivar responsabilidades éticas cada cuatro años.