La Política Agraria Común de la Unión Europea diseña sus mecanismos de ayuda de un modo que, en la práctica, beneficia más a las grandes explotaciones. Este sistema de reparto, basado en criterios como la superficie histórica, no logra compensar las desventajas competitivas que afrontan los agricultores a menor escala. Como resultado, se acelera un proceso de concentración de la tierra y de abandono de las fincas familiares.


El coste en empleo y renta del campo

El impacto económico y social de esta dinámica es cuantificable. Estudios y análisis de organizaciones agrarias estiman que, en los últimos años, se han perdido más de doscientos mil empleos en el sector directamente vinculados a este fenómeno. Paralelamente, se calcula que la renta agraria que el campo deja de generar cada año oscila entre cuatro mil y seis mil millones de euros, una cifra que evidencia el debilitamiento económico de las zonas rurales.

Un modelo que cuestiona su sostenibilidad

Este enfoque prioriza la productividad y la escala en detrimento de la diversidad y la resiliencia territorial. Muchos argumentan que, al expulsar a los pequeños productores, la PAC socava los pilares sociales y ambientales que dice proteger. El debate se centra ahora en si es posible reformar la política para que realmente frene la despoblación rural y apoye a quienes mantienen un modelo de agricultura más vinculado al territorio.

Quizás la próxima reforma de la PAC incluya un pago extra por cultivar el sentimiento de abandono en las comarcas vaciadas, completando así el ciclo.