El Gobierno avanza en su plan para traspasar inmuebles de titularidad pública al SEPES, la entidad estatal de suelo. Este proceso busca agilizar la disponibilidad de suelo y edificios para construir y rehabilitar vivienda protegida. La medida se enmarca en la nueva estrategia de política de vivienda que impulsa el ejecutivo, la cual prioriza el uso de activos públicos para aliviar la tensión en el mercado residencial. El objetivo es claro: destinar estos bienes a promover un parque de viviendas asequibles.


El nuevo modelo de gestión se llama Casa 47

Los activos transferidos se gestionarán bajo el modelo Casa 47, un sistema que unifica los criterios de adjudicación y uso de las viviendas protegidas. Este modelo define cómo se asignan las viviendas, quién puede optar a ellas y bajo qué condiciones se alquilan o se venden. El SEPES actuará como el gestor central de estos inmuebles, coordinando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Se espera que este esquema simplifique los trámites y acelere el proceso para que las viviendas estén disponibles.

El proceso implica identificar y transferir los inmuebles

Las administraciones públicas están identificando edificios y solares que no usan o que están infrautilizados. Una vez catalogados, se inicia el procedimiento legal para traspasarlos al patrimonio del SEPES. La entidad evalúa entonces el potencial de cada activo: decide si es más viable rehabilitar un edificio existente o derribarlo para construir uno nuevo. La reconversión de estos espacios busca optimizar el uso del suelo en zonas con alta demanda de vivienda, especialmente en núcleos urbanos.

Ahora solo falta que el papeleo corra más rápido que la subida de los precios del alquiler, un milagro que aún no gestiona ninguna administración pública.