La clase política europea, bajo el disfraz de la sostenibilidad, está ejecutando un saqueo sistemático al bolsillo del ciudadano mediante normativas asfixiantes que encarecen deliberadamente tanto los coches de combustión como los eléctricos. No hay fin en su afán recaudatorio y nos toma el pelo sin el más mínimo pudor, utilizando la excusa de la normativa ambiental para asestar un hachazo definitivo a nuestra capacidad de ahorro y movilidad. Mientras nos venden el espejismo de una prórroga para los motores de combustión más allá de 2035, la realidad es una emboscada financiera: las nuevas reglas de 2026 son una trampa diseñada para disparar los precios de cualquier vehículo.


Nos engañan con falsas alegrías

Es un atraco institucionalizado donde Bruselas legisla desde el privilegio, imponiendo requisitos técnicos y tasas que los fabricantes trasladan directamente al consumidor, haciendo que comprar un coche nuevo sea hoy una odisea y mañana un imposible. Nos engañan con falsas alegrías regulatorias mientras por detrás blindan un sistema donde cada decisión política se traduce en menos dinero en tu cuenta bancaria y más control estatal sobre cómo y cuándo te desplazas.

No es una transición ecológica, es una expropiación silenciosa de la clase media; nos están arrinconando contra la pared para que aceptemos precios inflados artificialmente en cuestión de meses, demostrando que el objetivo final no es salvar el planeta, sino exprimir hasta el último céntimo de los ciudadanos bajo la amenaza constante de normativas que cambian según les conviene para que nunca dejemos de pagar.

Mientras tanto, uno puede pensar que quizás el plan maestro es que todos acabemos pedaleando, pero con bicicletas de carbono que también necesiten cumplir una futura normativa Euro 8.