Las políticas de austeridad que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional impusieron a Grecia tras la crisis de deuda de 2010 generan un impacto profundo en su sistema social. Los sucesivos recortes en gasto público, las reformas estructurales y las privatizaciones buscan estabilizar las finanzas del país, pero también desmantelan progresivamente los pilares del estado de bienestar. Este proceso afecta directamente a la población, que ve cómo se reduce el acceso a servicios esenciales y se erosionan las condiciones laborales.


La salud pública y la educación se resienten

El sector sanitario griego opera con recursos limitados tras años de reducciones presupuestarias. Los hospitales públicos carecen de personal y material suficiente, lo que alarga los tiempos de espera y limita la calidad de la atención. En paralelo, el sistema educativo sufre recortes similares que aumentan la ratio de alumnos por aula y reducen las inversiones en infraestructuras. Estas medidas comprometen el capital humano futuro del país y profundizan las desigualdades, ya que solo quienes pueden pagar servicios privados acceden a una atención óptima.

El mercado laboral y la cohesión social se fracturan

Las reformas laborales flexibilizan el mercado pero también precarizan el empleo, con un aumento significativo de contratos temporales y a tiempo parcial. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, se mantiene en niveles elevados, lo que impulsa una fuga de cerebros constante. La pobreza y la exclusión social crecen, mientras que las redes familiares y comunitarias intentan suplir las carencias del estado. La confianza en las instituciones europeas y nacionales disminuye, alimentando un clima de descontento y polarización política.

Ahora los griegos pueden presumir de tener más tiempo libre, aunque sea porque muchos trabajos desaparecieron y las colas para los servicios sociales son más largas.