El proceso para transferir la gestión de Rodalies de Renfe a la Generalitat de Cataluña avanza, pero surgen dudas sobre su impacto territorial. Algunos analistas y entidades locales advierten que, sin una financiación clara y suficiente, el nuevo modelo podría priorizar ciertos corredores en detrimento de otros. El riesgo es que las líneas menos rentables o con menor densidad de población reciban menos inversión, lo que afectaría la cohesión territorial y la movilidad de miles de usuarios.


La financiación es la clave de la futura red

El acuerdo de traspaso establece que el gobierno central debe financiar la operación y las inversiones, mientras la Generalitat asume la gestión. Sin embargo, no existe un mecanismo detallado que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comarcas. Los municipios del área metropolitana de Barcelona, con mayor presión demográfica, podrían absorber la mayor parte del presupuesto, dejando a las líneas de interior o a las que conectan con Aragón y Valencia en una situación de desventaja. Esto podría profundizar las diferencias entre zonas bien comunicadas y otras que ya sufren desconexión.

Los usuarios temen un servicio a dos velocidades

Las asociaciones de viajeros expresan preocupación por que se cree un servicio a dos velocidades. Temen que se optimicen los trenes en los corredores principales, aumentando frecuencias y renovando material, mientras se mantengan o reduzcan los servicios en rutas consideradas secundarias. Esta dualidad perjudicaría especialmente a quienes dependen del tren para trabajar o estudiar desde localidades alejadas de los grandes núcleos, limitando sus oportunidades y aumentando su sensación de aislamiento.

La ironía reside en que un proceso que busca acercar la gestión a los ciudadanos podría terminar alejando a una parte de ellos de un transporte ferroviario digno y eficaz.