El proceso para transferir la gestión de Rodalies de Renfe a la Generalitat de Cataluña avanza, pero expertos advierten que este cambio complejo puede originar fricciones entre el gobierno central y el autonómico. La operación implica rediseñar la organización, transferir empleados y definir cómo se financiará el servicio. Analistas señalan que coordinar dos niveles de gobierno con competencias compartidas, como las infraestructuras, siempre supone un desafío. La necesidad de pactar cada detalle técnico y financiero abre un escenario donde pueden surgir desacuerdos.


La complejidad técnica y financiera del traspaso

El núcleo del posible conflicto reside en los aspectos prácticos de la transferencia. Definir quién paga las inversiones en vías y estaciones, cómo se reparten los costes de mantenimiento o cómo se integra el servicio con la red de cercanías gestionada por el Estado son puntos que requieren negociación constante. Cualquier discrepancia en estos temas puede retrasar el proceso o afectar al servicio que reciben los usuarios. La experiencia en otras comunidades autónomas muestra que estos procesos nunca son lineales.

El precedente de otros servicios transferidos

Cataluña ya gestiona con normalidad otros servicios ferroviarios, como los FGC, lo que demuestra su capacidad técnica. Sin embargo, la magnitud de Rodalies, que mueve a cientos de miles de personas diariamente en infraestructura de titularidad estatal, es mucho mayor. Este antecedente se usa tanto para argumentar a favor de la viabilidad de la transferencia como para señalar los riesgos de un modelo compartido. El éxito dependerá de que ambas administraciones prioricen el acuerdo sobre la confrontación política.

Mientras las administraciones discuten quién pone el dinero y quién manda, el viajero solo espera que el tren llegue a su hora, sin importarle el color del logotipo en la locomotora. Una ironía que a veces se pierde en los despachos.