El plan de Toyota para privatizar Toyota Industries (TICO) enfrenta la cultura corporativa japonesa con los inversores activistas. La compañía eleva su oferta un 15% hasta 18.800 yenes por acción, pero el fondo Elliott Management, que posee un 6.7% de TICO, argumenta que esto subestima el valor real de la empresa en casi un 40%. Elliott critica además la transparencia y la gobernanza del proceso. Mientras, la familia fundadora, liderada por Akio Toyoda, invierte millones para aumentar su participación y mantener el control sobre esta filial clave que fabrica montacargas, motores y el SUV RAV4.


El conflicto entre el sanpo yoshi y los retornos inmediatos

El caso ha reavivado el debate sobre si el principio japonés de sanpo yoshi, que busca beneficiar a todas las partes interesadas, puede resistir la presión de los fondos que priorizan los retornos inmediatos para los accionistas. La oferta final, que fue aceptada tras varios incrementos, cerró con las acciones de TICO cotizando a 19.585 yenes. Más allá de la compra, la operación permite a Toyota reestructurar las participaciones cruzadas dentro de su grupo y alinearse con las nuevas normas de gobernanza de la Bolsa de Tokio, que buscan mejorar el valor para los accionistas.

Una transacción que redefine el control del grupo

La movilización de la familia Toyoda, con una inversión cercana a los 6.5 millones de dólares para consolidar su posición, subraya la importancia estratégica de TICO. Esta privatización no solo consolida activos sino que también refuerza un modelo de gestión que a menudo choca con las expectativas de los mercados globales. El desenlace muestra cómo incluso las corporaciones más arraigadas en tradiciones locales deben negociar cuando el capital internacional llama a su puerta.

Parece que el sanpo yoshi ahora también debe incluir satisfacer a los fondos de inversión para mantener la armonía.