La Policía Nacional ya investiga cómo se filtraron y difundieron datos personales de una quincena de presidentes autonómicos y otros altos cargos de la administración española. La información, que incluye números de identificación, teléfonos y direcciones de correo electrónico, apareció en foros que frecuentan ciberdelincuentes. La Comisaría General de Información es la unidad que ahora dirige estas diligencias para esclarecer el origen y el alcance total de esta brecha de seguridad.


La investigación analiza el vínculo con filtraciones anteriores

Este nuevo caso se produce mientras aún se analizan otros similares relacionados con filtraciones previas de información de responsables públicos. Los investigadores tratan de determinar si todos estos incidentes están conectados o responden a metodologías diferentes. Cruzar los datos de estas brechas ayuda a los agentes a trazar un patrón y comprender mejor las técnicas que emplean los atacantes.

El objetivo es proteger la información sensible de instituciones

El trabajo policial se centra no solo en identificar a los responsables de filtrar y publicar los datos, sino también en evaluar cómo se vulneraron los sistemas que debían proteger esa información. Este análisis es crucial para que las instituciones puedan reforzar sus medidas de ciberseguridad y evitar que hechos así se repitan, protegiendo la privacidad de las personas que ocupan cargos de relevancia pública.

Resulta paradójico que, en una era donde se insiste tanto en la protección de datos, la información más sensible de quienes gobiernan sea la que termine expuesta en los rincones más oscuros de internet, casi como si fuera una mercancía más.