El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declara un estado de sitio en todo el país por 30 días a partir del 18 de enero de 2026. Esta decisión responde a una fuerte escalada de violencia que grupos criminales como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han desencadenado. Los hechos incluyen ataques simultáneos en tres centros penitenciarios, motines y el asesinato de varios agentes de la Policía Nacional Civil, con un saldo de al menos ocho policías muertos y tomas de rehenes.


La medida suspende garantías constitucionales

El estado de sitio permite al gobierno usar poderes más amplios para combatir a las pandillas. Esto significa que se suspenden temporalmente algunas disposiciones de la constitución. El objetivo es fortalecer la seguridad y el orden público en todo el territorio guatemalteco. Las autoridades buscan recuperar el control de los centros penitenciarios y detener la ola de ataques.

El contexto de la violencia criminal

La violencia se relaciona directamente con las actividades de las pandillas, que operan tanto dentro como fuera de las prisiones. Los ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad muestran un nivel de organización preocupante. El gobierno argumenta que necesita estas herramientas excepcionales para enfrentar la amenaza y proteger a la ciudadanía. La medida ha generado un debate nacional sobre seguridad y derechos.

Ahora los ciudadanos deben portar identificación extra, porque perderse en el papeleo podría ser más peligroso que encontrarse con una pandilla.