El Parlamento Europeo aún no aprueba de forma definitiva el acuerdo comercial con los países del Mercosur. Varios grupos políticos dentro de la cámara presentan objeciones firmes. Sus preocupaciones se centran en cómo el tratado puede afectar a la legislación medioambiental, a la sostenibilidad y a los derechos laborales. Este escrutinio refleja una creciente exigencia de que los pactos comerciales se alineen con los valores y normas de la Unión Europea, más allá de los beneficios económicos inmediatos.


La posible intervención del Tribunal de Justicia de la UE

La decisión de llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una opción que está sobre la mesa. Este paso implicaría que los jueces europeos examinen si el texto cumple plenamente con los tratados fundamentales y el ordenamiento jurídico de la UE. El análisis se enfocaría en áreas críticas como proteger el medio ambiente, garantizar un desarrollo sostenible y respetar los derechos humanos. Un dictamen del Tribunal podría exigir modificar partes del acuerdo antes de que pueda seguir adelante.

Consecuencias de un proceso de revisión judicial

Someter el tratado a una revisión judicial tiene consecuencias prácticas directas. El proceso, por su propia naturaleza, retrasaría la ratificación final y, por tanto, la entrada en vigor del pacto comercial. Además, si el Tribunal identifica incompatibilidades, la Comisión Europea y los estados miembros deberán renegociar esos puntos específicos con los socios del Mercosur. Esto abre un periodo de incertidumbre sobre el contenido definitivo del acuerdo y sobre cuándo podría aplicarse.

Mientras los negociadores celebran haber cerrado el trato, algunos parlamentarios insisten en que primero hay que abrir bien los ojos para leer la letra pequeña.