La ley de insurrección es un estatuto federal de los Estados Unidos que define un delito. Este delito consiste en conspirar para derrocar, poner fin por la fuerza o declarar la guerra al gobierno federal. También incluye oponerse por la fuerza a su autoridad, impedir que se ejecuten las leyes del país o arrebatar por la fuerza cualquier propiedad al gobierno. Su origen se remonta a 1807, y el Congreso la ha modificado varias veces a lo largo de la historia. La norma otorga al presidente la facultad de desplegar el ejército y la milicia nacional para suprimir una insurrección, un motín o una conspiración que ponga en peligro los derechos constitucionales de los ciudadanos y que las autoridades locales no puedan o no quieran controlar.


Los fundamentos legales y la aplicación de la norma

El texto legal se encuentra en el Título 10 del Código de los Estados Unidos, en las secciones 251 a 255. Para activar sus disposiciones más contundentes, el presidente debe primero emitir una proclamación ordenando a los insurrectos que se dispersen. Si la situación persiste, puede entonces emplear la fuerza militar para restaurar el orden. Esta ley no sustituye a la posse comitatus, que limita el uso del ejército en tareas policiales dentro del país, sino que proporciona una excepción explícita para casos de extrema gravedad. Su uso es poco frecuente y siempre genera un intenso debate político y legal sobre los límites del poder ejecutivo.

Casos históricos donde se ha invocado esta ley

Los presidentes han recurrido a esta autoridad en contadas ocasiones. Por ejemplo, Abraham Lincoln la usó al inicio de la Guerra Civil. En el siglo XX, Dwight D. Eisenhower la invocó para hacer cumplir la integración racial en las escuelas de Little Rock, Arkansas. Más recientemente, George H. W. Bush la empleó durante los disturbios de Los Ángeles en 1992. Cada uso sirve como precedente y redefine el alcance práctico de la ley, mostrando cómo se equilibran la seguridad nacional y las libertades civiles en momentos de crisis interna.

Su mera mención en debates políticos modernos suele elevar la temperatura de la conversación, demostrando que pocos textos legales tienen el poder de, sin usarse, ya hacer que todos miren hacia la misma página de la constitución.