La Unión Europea ha vuelto a aplicar formalmente sus reglas fiscales, que habían quedado en suspenso durante la pandemia. Este marco obliga a los países miembros a controlar su deuda y déficit público. Para España, esto significa que a partir de 2026, la Comisión Europea supervisará sus cuentas de manera estricta. Si el país no logra reducir su gasto público de forma suficiente, se enfrentará a la exigencia de aplicar recortes o subir impuestos. Esta presión condiciona directamente los presupuestos generales del Estado que el gobierno negocia y cierra en estos días.


El mecanismo de supervisión y sus plazos

El procedimiento implica un periodo de ajuste de cuatro años, que para España comenzaría en 2027. Durante este tiempo, las autoridades nacionales deben presentar un plan de consolidación fiscal detallado a Bruselas. La Comisión evaluará si la trayectoria propuesta es creíble y si cumple con el objetivo de reducir la deuda de manera sostenible. El margen de maniobra es limitado, ya que las reglas son más estrictas y automatizadas que en el pasado, diseñadas para evitar desviaciones.

Las implicaciones para la política económica

Este escenario fuerza al gobierno español a tomar decisiones complejas mientras elabora sus presupuestos. Debe equilibrar las demandas sociales y de inversión con la necesidad de cumplir unos techos de gasto más ajustados. La amenaza de sanciones financieras, aunque es un último recurso, planea sobre el proceso. Analistas señalan que el debate político se centrará en priorizar dónde recortar o cómo aumentar los ingresos sin frenar el crecimiento económico.

Así que, mientras algunos prometen bajar impuestos, Bruselas podría terminar pidiendo justo lo contrario, en un giro que no todos los votantes esperaban.