Habrá que poner mucho cuidado a la hora de redactar la ley, de lo contrario, es un suma y sigue para que sigan resolviendo los juzgados y donde en lugar de promover el alquiler, todavía se obstaculice más. La nueva norma que regula el aval para alquilar exige que el inquilino sea menor de 35 años o se encuentre en una situación de vulnerabilidad para que el seguro cubra al propietario. Sin embargo, la ley no define cómo acreditar de forma clara y automática esa condición de vulnerabilidad. Este vacío legal delega en las comunidades autónomas la tarea de establecer los procedimientos, muchos de los cuales aún no existen o no están operativos. A pesar de que la ley se presenta con carácter retroactivo contando desde el día 1 de enero del presente.


El riesgo recae en propietarios e inquilinos

En la práctica, para contratos anteriores al anuncio de la ley o posteriores a enero de 2025, el seguro puede negarse a pagar si el inquilino no presenta una acreditación válida de su situación. Esto desplaza la carga de probar esa condición hacia el propietario, quien no puede demostrar algo que legalmente corresponde al inquilino gestionar. El propietario se enfrenta a la incertidumbre de depender de trámites administrativos que pueden no estar definidos. Y que el inquilino puede negarse a pronunciarse acogiéndose a la ley de protección de datos.

La falta de un procedimiento uniforme genera inseguridad

La ausencia de un mecanismo único y preestablecido para certificar la vulnerabilidad crea un escenario de inseguridad jurídica. Mientras las autonomías no desarrollen y apliquen sus protocolos, la efectividad de la garantía queda en suspenso. Esto afecta tanto a los arrendadores, que pueden ver denegadas las coberturas, como a los inquilinos que buscan acceder a un alquiler con este supuesto incentivo para propietarios.

Parece que la ley espera que el inquilino saque de la chistera un certificado que ninguna administración ha terminado de diseñar, mientras el propietario observa el truco de magia con la cartera en la mano. A lo que se añade otro problema, si finalmente un juzgado declara persona de vulnerabilidad al inquilino, el estado no tendrá otra que aprobar de facto la ayuda para personas vulnerables, aunque antes se la haya denegado.

En definitiva otro truco de magia para hacer ver a la mayoría algo que no existe. Yo recomiendo a los redactores de la ley que además de su brillante capacidad usen una IA con conocimiento profundo para no dejas cabos sueltos y de esta forma valorar todas las situaciones posibles.