Telefónica ha activado un Expediente de Regulación de Empleo que impactará en siete de sus filiales con una estimación de entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo, una medida que forma parte de su plan estratégico 2026-2030 donde pretende alcanzar ahorros por valor de 3.000 millones de euros. La compañía busca optimizar su estructura operativa mientras los representantes sindicales mantienen negociaciones para conseguir las mejores condiciones económicas, salidas voluntarias, garantías de estabilidad laboral y la vigencia de los convenios colectivos hasta el año 2030.


Negociaciones en marcha para cerrar el acuerdo

Las conversaciones entre la empresa y los sindicatos avanzan con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que finalice el año, lo que permitiría a Telefónica contabilizar los costes asociados al ERE dentro del ejercicio fiscal de 2025. Esta carrera contra el calendario añade presión a unas negociaciones que buscan equilibrar los intereses empresariales con la protección de los derechos laborales, mientras se definen los detalles de las indemnizaciones y los mecanismos de salida voluntaria para los afectados.

Impacto estratégico y futuro laboral

El ERE se enmarca dentro de la transformación digital y reestructuración operativa que Telefónica impulsa para los próximos años, un proceso que prioriza la eficiencia económica pero que genera incertidumbre sobre el futuro profesional de miles de trabajadores. Los sindicatos insisten en la necesidad de mantener la estabilidad en los puestos que se conserven y en blindar los acuerdos laborales hasta 2030, mientras la empresa argumenta que estos ajustes son necesarios para garantizar la competitividad a largo plazo.

Parece que la estrategia de eficiencia se mide en euros ahorrados y no en empleos mantenidos, una ecuación donde los números siempre salen redondos para alguien.