Dos años después de que Francia pusiera en marcha unidades especializadas para combatir la violencia intrafamiliar, los resultados son mixtos. Estas células, presentes en la mayoría de los tribunales, han logrado visibilizar más estos casos y sistematizar cómo coordinar la respuesta judicial. Se celebran audiencias mensuales específicas y se colabora con asociaciones que apoyan a las víctimas. Sin embargo, la mejora real en cómo se atiende y procesa cada caso es limitada.


La implementación es desigual y faltan recursos

Grupos de defensa y profesionales legales señalan problemas persistentes. La aplicación de estas unidades no es uniforme en todo el territorio, sufren falta de personal y la formación de los jueces es insuficiente. Además, la rotación frecuente de los magistrados impide que se consoliden relaciones institucionales duraderas y se acumule experiencia especializada. Esto lastra la eficacia del sistema.

Los defensores piden tribunales especializados integrales

Ante estas limitaciones, varios colectivos piden crear tribunales especializados que manejen conjuntamente los aspectos civiles, como las órdenes de protección, y los penales de la violencia de pareja. Argumentan que esto abordaría mejor la complejidad de los casos. Aunque el tema ha ganado prioridad política, las tasas de feminicidio no bajan, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las medidas actuales y la necesidad de reformar más el sistema.

La justicia aprende a caminar en un terreno minado, donde cada paso en falso tiene un coste humano que las estadísticas siguen registrando con implacable frialdad.