El gobierno italiano modifica la redacción del delito de violencia sexual en el Código Penal. La nueva formulación elimina la referencia explícita a la falta de consentimiento de la víctima como elemento central del tipo penal. En paralelo, el Ejecutivo ajusta las penas previstas para estos delitos, lo que genera un intenso debate político y social.


La oposición acusa al gobierno de romper un pacto político

La oposición política reacciona con dureza a la iniciativa. Los partidos de la oposición acusan al gobierno de Meloni de romper un pacto político previo que buscaba reforzar la protección de las víctimas. Consideran que este cambio supone un retroceso en la lucha contra la violencia de género y debilita el marco legal. La polémica se centra en si la nueva redacción puede dificultar probar el delito en los tribunales.

El debate se centra en el consentimiento y la carga de la prueba

El núcleo del debate jurídico radica en cómo se define y prueba la agresión. Los críticos argumentan que al quitar el foco del consentimiento, se traslada una carga probatoria más compleja a la víctima. El gobierno defiende que la nueva redacción es técnica y busca precisar el tipo penal, manteniendo la severidad de las condenas. Organizaciones feministas ya han convocado movilizaciones para protestar contra la reforma.

Mientras los juristas debaten tecnicismos, las redes sociales hierven con memes que ironizan sobre la necesidad de llevar un formulario de consentimiento notariado a una cita, porque al parecer un 'no' claro ya no basta para algunos legisladores.