La Comisión de Seguridad Vial del Congreso en España ha presentado una proposición urgente para paralizar inmediatamente todas las adquisiciones e instalaciones de sistemas de vigilancia vial fabricados en China o que contengan componentes de origen chino. Esta medida responde a las crecientes preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades de ciberseguridad y riesgos para la seguridad nacional identificados en equipos de vigilancia fabricados por empresas chinas que actualmente están vetadas a nivel internacional.


Motivos de la decisión

La iniciativa parlamentaria se fundamenta en informes técnicos que alertan sobre posibles puertas traseras en estos dispositivos, lo que podría permitir el acceso remoto no autorizado a datos sensibles del sistema de tráfico nacional. Los expertos en ciberseguridad han señalado que estos equipos podrían ser utilizados para espiar infraestructuras críticas o incluso para interrumpir servicios esenciales en caso de tensiones geopolíticas, dado que muchos fabricantes chinos de tecnología de vigilancia están sujetos a la ley de inteligencia nacional de su país.

Impacto en la seguridad vial

La medida afectaría principalmente a los sistemas de control de velocidad y cámaras de tráfico que utilizan componentes fabricados por empresas chinas sancionadas internacionalmente. Las autoridades tendrían que buscar alternativas tecnológicas de proveedores de países aliados para mantener los niveles de seguridad vial actuales mientras se garantiza la protección de los datos y sistemas críticos. Esta transición tecnológica requeriría una evaluación exhaustiva de los sistemas existentes y un plan de sustitución progresiva que no comprometa la vigilancia del tráfico.

Parece que ahora hasta los radares necesitan pasar un control de seguridad más estricto que los conductores a los que multan, aunque al menos estos dispositivos no podrán alegar que se les pasó la fecha de caducidad de la ITV cuando los desconecten.