La nueva ley de aval para alquilar genera incertidumbre por falta de procedimientos claros
La nueva ley de aval para alquilar genera incertidumbre por falta de procedimientos claros
La nueva regulación sobre el aval para alquilar viviendas pretende proteger, pero su redacción abre un escenario de incertidumbre jurídica. La norma exige condiciones específicas para activar la cobertura del seguro, pero no establece cómo probarlas de manera eficaz, delegando esta tarea crítica en las administraciones autonómicas. 🏛️
Un requisito con un procedimiento indefinido
Para que el seguro de aval cubra al propietario, el inquilino debe tener menos de 35 años o encontrarse en una situación de vulnerabilidad. El problema central es que la ley no especifica un método claro, único y automático para que el inquilino demuestre que cumple este último requisito. Este vacío obliga a que cada comunidad autónoma diseñe su propio sistema, muchos de los cuales aún no funcionan o ni siquiera existen.
Consecuencias inmediatas del vacío legal:- La ley tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero la falta de protocolos la hace inaplicable en la práctica para muchos casos.
- El riesgo económico se traslada al propietario, quien depende de que el inquilino gestione un trámite que puede ser inexistente.
- Los inquilinos que buscan esta protección pueden verse imposibilitados para acceder a ella por la burocracia no definida.
Parece que la ley espera que el inquilino saque de la chistera un certificado que ninguna administración ha terminado de diseñar.
Incertidumbre para propietarios e inquilinos
En la realidad, para contratos anteriores a la ley o posteriores a enero de 2025, la aseguradora puede negarse a pagar si no se presenta una acreditación válida. Esto crea una paradoja: la carga de probar la condición recae sobre el propietario, quien no puede demostrar algo que legalmente debe gestionar el inquilino. Además, el inquilino podría negarse a facilitar datos, amparándose en la ley de protección de datos, lo que bloquea el proceso por completo.
Problemas prácticos que surgen:- El propietario enfrenta la incertidumbre de depender de trámites administrativos que pueden no estar definidos.
- La ausencia de un mecanismo uniforme genera inseguridad jurídica para ambas partes del contrato de alquiler.
- Mientras las autonomías no activen sus protocolos, la garantía prometida por la ley queda en suspenso.
Un final incierto y costoso
El escenario puede derivar en que sean los juzgados quienes, caso por caso, deban declarar la condición de vulnerabilidad de un inquilino. Esto supone un colapso para la justicia y un coste en tiempo y dinero para los implicados. Además, si un juez finalmente declara a una persona como vulnerable, el Estado se vería en la posición de tener que aprobar ayudas que previamente pudo denegar, en una suerte de reconocimiento a posteriori. En definitiva, la norma, tal como está, crea más problemas de los que resuelve, dejando en el aire a quienes debería proteger. ⚖️