El estado traspasa inmuebles públicos al SEPES para vivienda protegida

El estado traspasa inmuebles públicos al SEPES para vivienda protegida
El Gobierno avanza en un plan para transferir edificios y terrenos de su propiedad al SEPES, la entidad pública que gestiona el suelo. Esta acción busca acelerar que haya más suelo disponible para edificar y renovar vivienda de protección oficial. La estrategia forma parte de una nueva política habitacional que prioriza usar los activos del estado para reducir la presión en el mercado de la vivienda. 🏘️
Un nuevo sistema unificado de gestión: Casa 47
Los inmuebles que se transfieran se administrarán mediante el modelo Casa 47. Este sistema establece reglas comunes para adjudicar y usar las viviendas protegidas, definiendo cómo se asignan, qué perfiles pueden optar a ellas y las condiciones de alquiler o venta. El SEPES operará como gestor central, coordinando con comunidades autónomas y ayuntamientos para agilizar los trámites y que las viviendas estén listas más rápido.
Pilares del modelo Casa 47:- Unifica los criterios para adjudicar viviendas en todo el territorio.
- Define con claridad los requisitos para que las personas puedan optar a un hogar.
- Establece las condiciones tanto para alquilar como para comprar estas viviendas.
El objetivo es claro: destinar estos bienes públicos a promover un parque de viviendas asequibles.
El proceso de identificación y transferencia de activos
Las administraciones públicas ahora identifican edificios y solares que no usan o que usan muy poco. Tras catalogarlos, inician el procedimiento legal para traspasarlos al patrimonio del SEPES. La entidad luego evalúa cada activo: determina si es mejor renovar el edificio existente o demolerlo para construir uno nuevo. Esta reconversión pretende optimizar el uso del suelo en áreas con mucha necesidad de vivienda, sobre todo en ciudades.
Fases clave del proceso:- Identificar y catalogar inmuebles y solares públicos infrautilizados.
- Transferir la titularidad legal de estos activos al SEPES.
- Evaluar el potencial de cada uno para decidir entre rehabilitar o construir de nuevo.
Un desafío administrativo por delante
La efectividad de esta medida dependerá en gran medida de la capacidad de la administración para agilizar la burocracia. El reto está en que los trámites avancen a un ritmo que permita responder con rapidez a la necesidad social, un aspecto donde históricamente ha existido una brecha importante. La esperanza es que este nuevo marco simplificado logre invertir esa tendencia. ⚡