Alemania, Francia e Italia acuerdan regular la normativa sobre la IA

Los desacuerdos entre los principales Estados miembros de la UE, incluyendo a Francia, con respecto a la regulación de la inteligencia artificial (IA), están planteando un desafío significativo para la legislación comunitaria. Según un documento conjunto revisado recientemente por Reuters, Francia, Alemania e Italia han llegado a un acuerdo unánime sobre la forma en que debería abordarse esta regulación. Este acuerdo se espera que impulse considerablemente las negociaciones a nivel europeo.

En este sentido, los tres gobiernos respaldan firmemente la idea de establecer compromisos voluntarios pero vinculantes para los proveedores de IA, tanto grandes como pequeños, que operan dentro de la Unión Europea y que decidan suscribirse a estas regulaciones. En el ámbito político actual, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE se encuentran en plenas negociaciones para definir la posición del bloque en este asunto crucial.

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Alemania, Francia e Italia han llegado a un acuerdo clave para impulsar la regulación europea de la IA. Los tres países apoyan que las normas para los proveedores de inteligencia artificial sean compromisos voluntarios pero legalmente vinculantes. Esto significa que las empresas, tanto grandes como pequeñas, podrán adherirse voluntariamente a un código de conducta, pero una vez lo hagan, su cumplimiento será obligatorio y exigible.

Este acuerdo entre las principales economías de la UE pretende acelerar las negociaciones del llamado "AI Act", que está siendo discutido por la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. La posición conjunta aboga por un enfoque que evite regular estrictamente los modelos base de IA (los sistemas fundamentales en los que se construyen las aplicaciones) para no obstaculizar la innovación de las empresas europeas frente a competidores como Estados Unidos o China.

En su lugar, la propuesta se centraría en regular los usos específicos y las aplicaciones de la IA que puedan representar un riesgo. Se establecerían diferentes niveles de obligación según el riesgo de la aplicación. Para las empresas que desarrollen estos modelos base, se promovería un régimen de autorregulación a través de códigos de conducta, que incluirían compromisos de transparencia, gestión de derechos de autor y reporte de las capacidades del sistema.