El gobierno francés logra adoptar finalmente su proyecto de presupuesto para 2026, tras casi cuatro meses de estancamiento político. Un parlamento fragmentado, sin mayoría clara desde las elecciones anticipadas de 2024, había impedido avanzar en las finanzas públicas. Para romper el impasse, el primer ministro Sébastien Lecornu recurre al polémico Artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar un texto sin someterlo a votación. Aunque esta maniobra desencadena dos mociones de censura contra el ejecutivo, ambas fracasan, lo que sella la adopción definitiva de las cuentas y otorga un respiro de estabilidad al gobierno en minoría.


El contenido del presupuesto y sus objetivos fiscales

El texto presupuestario planea reducir el déficit público al 5% del PIB, desde el 5,4% previsto para 2025. Para financiar esta meta, contempla subir impuestos a las empresas e incrementar el gasto militar en más de 6.000 millones de euros. El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para sanear las cuentas y reforzar la defensa. Sin embargo, algunos economistas y sectores de la oposición cuestionan si el objetivo de déficit es realista y advierten que la presión fiscal adicional podría frenar la actividad económica en la segunda mayor potencia de la eurozona.

Un procedimiento que deja un regusto amargo

El uso del 49.3, un mecanismo constitucional que evita el debate y el voto parlamentario directo, marca profundamente el proceso. Aunque técnicamente legal, este recurso suele percibirse como un forcejeo que elude el consenso en un hemiciclo dividido. La supervivencia del gobierno a las mociones de censura posteriores consolida el presupuesto, pero no disipa por completo las dudas sobre la solidez de su apoyo ni sobre la capacidad de aplicar políticas complejas en este escenario.

Así que, para aprobar las cuentas que rigen a todos, el gobierno decidió saltarse la parte de contar los votos. Una paradoja democrática que, al menos, ha permitido pasar página tras meses de bloqueo.