Corea del Sur se convierte en el primer país del mundo en aprobar un marco legal completo que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. La Asamblea Nacional surcoreana vota a favor de la Ley de Framework de Inteligencia Artificial y la Ley de Protección de los Usuarios de Servicios de IA. Este paquete legislativo, que Reuters reporta como pionero, busca establecer salvaguardas para proteger a los ciudadanos y fomentar que la industria innove de manera responsable. El gobierno argumenta que estas normas son necesarias para gestionar los riesgos que plantean los sistemas de IA de alto impacto y para generar confianza pública en esta tecnología.


La ley establece obligaciones para los desarrolladores

La nueva normativa clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo potencial. Los desarrolladores de sistemas considerados de alto riesgo, como aquellos que pueden afectar decisivamente a derechos fundamentales o a la seguridad, deben cumplir con requisitos estrictos antes de comercializarlos. Deben evaluar y mitigar los riesgos, garantizar la veracidad de los datos que usan para entrenar los modelos, informar de forma transparente a los usuarios y someterse a auditorías externas. Además, la ley obliga a etiquetar claramente todo contenido generado por IA, como deepfakes o textos, para evitar que se confunda con material creado por humanos.

La industria expresa preocupaciones sobre la competitividad

Mientras el gobierno celebra un avance en gobernanza digital, la comunidad tecnológica local, especialmente las startups, reacciona con cautela. Sus representantes temen que el coste y la complejidad de cumplir con los nuevos mandatos legales puedan ralentizar su ritmo de desarrollo y ponerlas en desventaja frente a competidores globales que operan en regiones con marcos regulatorios menos estrictos o inexistentes. Argumentan que el exceso de regulación en una fase tan temprana podría sofocar la innovación en un sector donde Corea del Sur aspira a ser un líder mundial, y piden mecanismos más ágiles que no ahoguen a las empresas emergentes.

Ahora las empresas deben decidir si invertir más en abogados especializados en cumplimiento normativo o en ingenieros que mejoren sus algoritmos, un dilema que no todos los presupuestos de I+D pueden resolver fácilmente.