Las autoridades estadounidenses comenzaron hace años a expulsar los equipos de las firmas chinas Huawei y ZTE de sus redes de telecomunicaciones. Invitaron a sus aliados a que mostraran solidaridad en este ámbito, pero en Europa el proceso siempre fue voluntario. Esta naturaleza no vinculante impidió que se lograra un rechazo unánime y coordinado del material fabricado en China. Ahora, la situación podría cambiar de forma radical si la Unión Europea decide plasmar estas exigencias en una ley que obligue a los estados miembros.


El enfoque voluntario no logra un consenso europeo

Hasta la fecha, cada país europeo ha gestionado este asunto con sus propios criterios y a su propio ritmo. Algunas naciones, siguiendo más de cerca las recomendaciones de Washington, han avanzado en limitar o prohibir el uso de estos componentes en sus infraestructuras críticas, especialmente en el despliegue de las redes 5G. Otras, sin embargo, han sido más cautelosas o han priorizado los factores económicos, lo que ha generado un panorama fragmentado y falta de una postura común fuerte frente a lo que Estados Unidos califica como un riesgo para la seguridad nacional.

Una ley comunitaria marcaría un punto de inflexión

Si Bruselas finalmente propone y aprueba una legislación al respecto, el proceso dejaría de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal para los veintisiete estados miembros. Esto forzaría a todos los países a elaborar planes concretos y con plazos definidos para identificar, retirar y sustituir el equipo considerado de alto riesgo. Una medida de este calibre tendría un impacto tecnológico y comercial enorme, reconfigurando el mercado europeo de telecomunicaciones y afectando a los plazos y costes de los operadores para mantener y modernizar sus redes.

Mientras algunos operadores evalúan cómo sustituir equipos que instalaron hace poco, los fabricantes occidentales de telecomunicaciones podrían frotarse las manos ante un mercado que de repente se les abre de par en par.