Expertos en seguridad digital y derechos civiles manifiestan una gran preocupación por una propuesta de ley en Dinamarca que pretende prohibir o restringir severamente el uso de redes privadas virtuales. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, argumenta que estas herramientas facilitan actividades delictivas en línea. Sin embargo, los críticos advierten que la medida podría afectar la privacidad de los ciudadanos, la seguridad de las empresas y el acceso a la información.


La propuesta busca penalizar el uso de herramientas de privacidad

El borrador de la legislación plantea multas e incluso penas de prisión para quienes utilicen servicios que encripten y oculten su dirección IP sin una justificación aprobada por el estado. Las autoridades sostienen que esto es necesario para combatir la piratería digital y otros delitos cibernéticos de forma más efectiva. No obstante, esta definición amplia podría incluir tecnologías esenciales para proteger datos sensibles.

Las críticas destacan riesgos para la seguridad y la libertad

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation señalan que debilitar las VPNs expone a los usuarios a riesgos como el robo de datos o la vigilancia indiscriminada. Además, muchos profesionales, periodistas y empresas dependen de estas redes para operar de forma segura. Restringirlas podría aislar digitalmente al país y dificultar que las personas accedan a contenidos o servicios disponibles fuera de sus fronteras.

Parece que el concepto de puerta trasera para las fuerzas del orden podría convertirse en una puerta principal para cualquiera con malas intenciones.