La tendencia global a abolir la pena capital se refleja en el sudeste asiático, aunque a un ritmo desigual. Países como Filipinas y Malasia han dado pasos para revisar o suspender su uso, mientras otros mantienen una aplicación estricta. Organizaciones internacionales presionan para que se alineen con los estándares de derechos humanos, argumentando que este castigo no disuade el crimen de forma efectiva.


Singapur y Vietnam se mantienen firmes

Contrastando con la tendencia regional, Singapur y Vietnam continúan aplicando la pena de muerte, especialmente por delitos relacionados con drogas. Sus gobiernos defienden esta política como un elemento clave para proteger el orden social y la seguridad pública. Esta postura genera un debate constante con grupos abolicionistas y afecta su imagen internacional.

El camino hacia la abolición presenta obstáculos

El proceso para eliminar este castigo es complejo y enfrenta resistencias culturales, políticas y legales en muchos países. Aunque la moratoria de ejecuciones gana espacio, lograr una abolición total requiere cambiar leyes y, a menudo, la opinión pública. El apoyo de la sociedad civil y la evidencia sobre los fallos judiciales son factores que impulsan el cambio.

Parece que algunos gobiernos prefieren aferrarse a métodos del pasado, como si temieran que sin la soga el tejido social se deshilache. Una visión que, irónicamente, muchos consideran un anacronismo en el siglo XXI.