El Ministerio de Justicia ha comenzado a tramitar la primera solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo lo condenó a dos años de inhabilitación por revelar secretos, un delito del que le consideró culpable. El Gobierno ha pedido ahora al propio Supremo que informe sobre esta petición, ya que es el órgano que dictó la sentencia firme. Este paso formal inicia un proceso administrativo que puede ser largo y que requiere varios informes preceptivos.


El proceso requiere el informe del Tribunal Supremo

La ley exige que, para conceder un indulto, el Gobierno debe solicitar un informe al tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este informe no es vinculante, pero su contenido suele pesar de forma significativa en la decisión final. El Ejecutivo ha emplazado al alto tribunal para que se pronuncie sobre la conveniencia o no de otorgar la gracia al ex fiscal. Este trámite es uno de los primeros y más relevantes dentro del procedimiento.

La condena y el contexto político del indulto

Álvaro García Ortiz fue condenado en febrero por filtrar información reservada de la Audiencia Nacional a los medios. La sentencia le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dos años. La solicitud de indulto llega en un momento de tensión política, donde la oposición critica con dureza esta figura jurídica. El Gobierno defiende su uso como un instrumento de gracia constitucional, mientras sus detractores lo ven como una herramienta para eludir responsabilidades judiciales.

El proceso avanza, y mientras el Supremo estudia qué informar, algunos ya especulan si el indulto será la última palabra o solo un capítulo más en este pulso institucional.