El sector agrícola francés se enfrenta a un cambio profundo. La nueva Ley de Protección de la Naturaleza obliga a reducir el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos. Este marco legal busca proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, pero genera un fuerte debate entre agricultores, cooperativas y el gobierno. Los productores argumentan que adaptarse incrementa sus costes de forma inmediata y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, especialmente las más pequeñas. Mientras, las autoridades insisten en que es un paso necesario para una transición ecológica que, a largo plazo, puede hacer más resiliente al sector.


Los costes de producción se incrementan

Para cumplir con la normativa, los agricultores deben invertir en nuevas tecnologías, semillas más resistentes y métodos alternativos como la agricultura de precisión o la introducción de fauna auxiliar. Estas inversiones, sumadas a una posible reducción temporal de los rendimientos mientras se adaptan los cultivos, presionan la economía de las granjas. Algunos productores temen no poder competir con importaciones de países con normativas menos estrictas, un punto que centra gran parte del descontento y las protestas en el campo francés.

El sector busca alternativas y apoyo

El gobierno francés propone paquetes de ayudas y subsidios para facilitar esta transición. Se promueven formaciones en agroecología y se financian proyectos piloto. Sin embargo, muchos agricultores perciben estas medidas como insuficientes y piden más tiempo y recursos. Paralelamente, cooperativas y centros de investigación trabajan para desarrollar y compartir prácticas viables que permitan mantener la productividad mientras se reduce la dependencia de insumos químicos, un equilibrio complejo pero que se considera el futuro del sector.

Como dicen algunos agricultores, ahora luchan contra las malas hierbas con una mano atada a la espalda y la otra sosteniendo un manual de buenas prácticas que cambia cada temporada.