El gobierno central y la Generalitat de Cataluña acuerdan traspasar la gestión de los servicios de cercanías. Este proceso, que se desarrolla en varias fases, transfiere competencias sobre infraestructura y explotación. El objetivo declarado es acercar la administración del servicio a sus usuarios. Sin embargo, este cambio genera un escenario donde múltiples entidades deben coordinar sus acciones sobre la misma red.


Múltiples actores operan ahora en la misma red

Adif conserva la propiedad de las vías y las estaciones, mientras que Renfe Operadora sigue a cargo de conducir los trenes. La Generalitat, a través de una nueva empresa pública, asume la planificación y la contratación del servicio. Esta división de roles exige una comunicación y una sincronización constantes para que el sistema funcione. Cualquier descoordinación puede afectar directamente a la regularidad y la puntualidad de los convoyes.

Los retos técnicos y administrativos son complejos

Integrar sistemas de información, mantenimiento y seguridad bajo dos administraciones distintas supone un desafío logístico. Se deben establecer protocolos claros para gestionar incidencias, realizar obras o renovar material rodante. La experiencia en otras comunidades con competencias transferidas muestra que este modelo puede funcionar, pero requiere años para estabilizar los procedimientos. La inversión y la financiación permanecen como puntos clave por definir a largo plazo.

Ahora, cuando un tren se retrase, los viajeros podrán preguntarse a cuál de las tres entidades deben dirigir su mirada de reproche, un juego de adivinanzas administrativa que no figuraba en el horario.