El Senado, a instancias del Grupo Popular, acuerda plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. La Cámara Alta alega que el Gobierno incumple su obligación constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ante las Cortes Generales. Esta acción busca anular las sucesivas prórrogas presupuestarias que se han aplicado, al considerar que el Ejecutivo no puede gobernar indefinidamente con cuentas prorrogadas sin presentar unas nuevas.


El conflicto constitucional que plantea la Cámara Alta

El procedimiento se inicia porque el Senado entiende que el Gobierno invade las competencias legislativas de las Cortes al no remitir el proyecto de ley en el plazo previsto. La Constitución española establece que corresponde al Gobierno elaborar los Presupuestos y a las Cortes Generales examinarlos, enmendarlos y aprobarlos. Al no presentarlos, se priva al Parlamento de su función principal en materia presupuestaria, lo que el Senado considera un quebranto del equilibrio constitucional entre poderes.

La petición de anular las prórrogas presupuestarias

La consecuencia directa que el Senado pide al Tribunal Constitucional es que declare nulas las prórrogas presupuestarias que se han ido aplicando. Un presupuesto prorrogado implica que se mantiene la distribución del gasto público del ejercicio anterior, lo que, según los críticos, limita la capacidad de las Cortes para dirigir la política económica anual. El PP argumenta que esta situación genera inseguridad jurídica y paraliza inversiones al no contar con un marco financiero nuevo y debatido.

Mientras tanto, los ciudadanos pueden preguntarse si vivir con el presupuesto del año pasado es como intentar conducir un coche nuevo mirando solo por el espejo retrovisor: se sabe de dónde se viene, pero no está claro hacia dónde se va ni qué obstáculos hay por delante.