Debería iniciarse un movimiento legislativo hacia la prohibición del uso de viviendas residenciales como activos financieros en bolsa o fondos de inversión. Esta medida busca proteger el acceso a la vivienda para familias y personas físicas, evitando que grandes corporaciones y fondos de inversión conviertan las viviendas en productos especulativos. El objetivo principal es garantizar que las casas cumplan su función social como hogares y no como meros instrumentos de rentabilidad financiera.


Impacto en el mercado inmobiliario

Esta prohibición afecta directamente a los grandes fondos de inversión y sociedades cotizadas que habían convertido la compra masiva de viviendas en su modelo de negocio principal. Al limitar su capacidad de operar en el mercado residencial, se espera una disminución en la presión alcista sobre los precios de compra y alquiler. Las administraciones públicas argumentan que esta medida devuelve el equilibrio a un mercado que había sido distorsionado por la financiarización de la vivienda.

Consecuencias para inversores y propietarios

Los actuales propietarios de viviendas destinadas a alquiler deberán adaptarse a las nuevas normativas, que generalmente establecen plazos para desinvertir en estos activos. Para los pequeños inversores particulares no suele haber cambios significativos, ya que las leyes suelen diferenciar entre la propiedad individual y la inversión institucional a gran escala. Los fondos afectados están reevaluando sus carteras inmobiliarias y buscando alternativas de inversión en otros sectores.

Parece que finalmente las casas volverán a ser para vivir y no para hacer ricos a quienes ya tienen demasiado. Quizás así dejemos de ver viviendas vacías como números en un balance y empecemos a verlas como lo que son: hogares.