El Consejo de Ministros italiano aprueba el decreto ley sobre inmigración
El Consejo de Ministros de Italia dio luz verde a un nuevo decreto ley que modifica las normas sobre inmigración. Esta medida, impulsada por el gobierno, busca agilizar los procedimientos para expulsar a quienes no tienen permiso para residir y reforzar los controles en las fronteras. La normativa también prevé ampliar la red de centros para alojar a los solicitantes de asilo mientras se evalúan sus peticiones.
El decreto establece nuevos plazos y procedimientos
El texto legal fija un plazo máximo de cuatro meses para que las comisiones territoriales resuelvan sobre las solicitudes de protección internacional. Si se supera este tiempo, la petición se considerará denegada, lo que permitirá iniciar la expulsión. Además, se simplifica el proceso para repatriar a ciudadanos de países considerados seguros y se incrementan los fondos para los vuelos de retorno coordinados por la Agencia Europea de Fronteras, Frontex.
Las reacciones políticas y el camino parlamentario
La oposición política ya ha manifestado su rechazo al decreto, argumentando que prioriza la seguridad sobre los derechos humanos. Los partidos de gobierno defienden la necesidad de una gestión más ordenada de los flujos migratorios. El decreto ley, que entra en vigor de inmediato, debe ser convertido en ley por el Parlamento en un plazo de sesenta días, donde se prevé un intenso debate.
Ahora solo falta que los trámites burocráticos se ejecuten con la misma celeridad que exige la ley para las expulsiones, un detalle que suele tener su propia ironía en la administración.
