Las restricciones europeas encarecen la producción agrícola en Francia
La Unión Europea impone normas medioambientales que obligan a los agricultores franceses a cambiar cómo trabajan. Estas reglas buscan proteger la naturaleza y reducir el impacto de la agricultura, pero también aumentan los costes para quienes cultivan la tierra. Los productores deben invertir en equipos nuevos, modificar sus prácticas y gestionar más trámites administrativos. Este esfuerzo económico se suma a los precios variables de la energía y las materias primas, lo que presiona la rentabilidad de las explotaciones.
Las normas afectan el uso de fitosanitarios y fertilizantes
Dos áreas clave donde las reglas son más estrictas son el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos. La normativa limita las sustancias que se pueden aplicar y reduce las cantidades permitidas. Para cumplir, los agricultores deben buscar alternativas, que a menudo son menos efectivas o más caras. También deben dejar de usar ciertas tierras o rotar cultivos de manera específica, lo que puede reducir el volumen de lo que producen. Adaptar las fincas a estos requisitos exige tiempo y dinero.
La burocracia y los controles añaden más presión
Cumplir con la legislación no solo implica cambiar métodos en el campo. Los agricultores deben documentar cada paso, presentar informes y someterse a inspecciones periódicas. Gestionar esta carga administrativa requiere dedicar horas de trabajo o contratar a especialistas, lo que representa otro gasto fijo. Las sanciones por no seguir las normas al pie de la letra pueden ser cuantiosas, lo que genera incertidumbre y estrés financiero. Este marco complejo dificulta planificar a largo plazo y competir con productores de países con reglas menos exigentes.
Mientras algunos celebran campos más verdes, el agricultor revisa sus cuentas y piensa que, a veces, lo ecológico tiene un precio muy terrenal.
