Las normas europeas obligan a cerrar pequeñas granjas en Francia
Francia enfrenta un cambio profundo en su campo. Las pequeñas explotaciones agrarias cierran porque no pueden cumplir con las nuevas normas comunitarias. Estas reglas, que buscan armonizar la producción en la Unión Europea, exigen inversiones que muchos agricultores no pueden asumir. El resultado es una concentración de la tierra en menos manos y un paisaje rural que se transforma.
La presión de la normativa comunitaria sobre los costes
La Política Agraria Común (PAC) y otras directivas medioambientales imponen requisitos estrictos. Los agricultores deben adaptar sus instalaciones, gestionar los purines de forma específica y registrar cada actividad con detalle. Para una granja familiar, modernizar las naves o instalar sistemas de tratamiento de residuos supone un gasto que no recuperará. Esta presión financiera directa decide el futuro de muchas explotaciones.
El impacto social y económico en el territorio francés
Este proceso vacía pueblos y reduce la diversidad de cultivos. Las explotaciones que sobreviven suelen ser grandes y se especializan en un solo producto para ser más competitivas. Se pierde un modelo de agricultura a escala humana, ligado al territorio, que mantenía viva la cultura local. El malestar entre el campesinado crece, y las protestas frente a las prefecturas son cada vez más frecuentes.
Mientras Bruselas promueve la granja sostenible, en el campo francés entienden que sostenible a menudo significa inviable para el pequeño productor. La ironía no escapa a nadie: las normas diseñadas para proteger el futuro del sector aceleran la desaparición de quienes mejor lo cuidaban.
