La gestión pesquera comunitaria afecta a los caladeros españoles
La Unión Europea centraliza ahora cómo gestionar las pesquerías. Esto limita que España pueda acceder a caladeros donde ha pescado tradicionalmente. La flota española se enfrenta a restricciones en zonas históricas como el Gran Sol o Terranova. Estas normas comunitarias asignan cuotas y regulan los días que se puede faenar. El sector percibe que pierde autonomía para decidir sobre sus recursos marinos.
El impacto económico y laboral es significativo
Esta situación genera una pérdida económica que se estima entre 600 y 900 millones de euros cada año en capturas que no se realizan. En el plano laboral, el efecto se traduce en mantener una pérdida de unos 10.000 empleos directos e indirectos. Puertos que dependían de estas pesquerías ven cómo reduce su actividad. La flota de altura y gran altura es la más perjudicada por este cambio de modelo.
El marco legal comunitario redefine el acceso
La Política Pesquera Común es el instrumento que rige ahora el acceso a los caladeros. Bajo este marco, los estados miembros ceden competencias a Bruselas. Las negociaciones para establecer los Totales Admisibles de Capturas son anuales y complejas. Los criterios científicos y la sostenibilidad pesan más que los históricos. España debe defender sus intereses dentro de un proceso colectivo donde otros países también compiten por los recursos.
Mientras, en algunos puertos, el único caladero que no tiene cuota es el de las conversaciones en el bar, donde se pescan sobre todo historias de los tiempos en que el mar era más ancho.
