La Unión Europea impone controles que obligan a arrancar olivos
La Unión Europea aplica mecanismos para controlar los excedentes de aceite de oliva. Estas normas obligan a los productores a arrancar árboles y limitar cuánto pueden producir. El sector estima que estas medidas mantienen una pérdida de unos 15.000 empleos en zonas rurales cada año. Además, el impacto económico anual se calcula entre 800 y 1.200 millones de euros. Este sistema busca equilibrar el mercado pero genera un fuerte debate sobre su sostenibilidad social.
El mecanismo de control de excedentes
La Política Agrícola Común (PAC) establece estas herramientas de intervención. Su objetivo principal es evitar que la oferta supere demasiado a la demanda, lo que podría hundir los precios. Para lograrlo, se activan medidas como las primas por arrancar olivares o los límites máximos de producción por hectárea. Los agricultores que se acogen a estos programas reciben una compensación económica, aunque muchos argumentan que no cubre el valor a largo plazo del árbol ni el daño al patrimonio paisajístico.
Consecuencias para el empleo y la economía rural
El olivar es un cultivo que requiere mucha mano de obra, especialmente durante la recolección. Al reducir la superficie cultivada y limitar la cosecha, se necesita menos gente para trabajar. Esto afecta directamente a pueblos donde el aceite es la principal fuente de ingresos. La pérdida de empleo no solo es en el campo, sino también en las almazaras, el transporte y la industria auxiliar. El impacto económico se extiende por toda la cadena, desde el productor hasta las empresas que exportan el aceite.
Parece que para estabilizar el mercado primero hay que desestabilizar el campo. Una ironía que no hace gracia a quienes ven cómo su medio de vida, literalmente, se arranca de cuajo.
