El traspaso de Rodalies puede generar responsabilidades poco claras
El proceso para transferir la gestión de Rodalies de Renfe a la Generalitat de Cataluña avanza, pero surgen dudas sobre cómo se repartirán las responsabilidades cuando ocurran incidencias. Los usuarios se preguntan ante quién deben reclamar si un tren se retrasa o se cancela. El marco legal actual no delimita con precisión las competencias de cada administración en la operación diaria, lo que puede confundir a los viajeros y complicar la resolución de problemas.
Un modelo de gestión compartida con fisuras
La futura operadora pública catalana gestionará el servicio, pero el titular de la infraestructura seguirá siendo Adif, una empresa estatal. Esto crea un escenario donde dos entidades, una autonómica y otra estatal, deben coordinar el mantenimiento de vías y la circulación de trenes. Cualquier fallo en la coordinación puede derivar en retrasos, y en ese momento no está claro quién asume la culpa ante el pasajero. La falta de un protocolo único y bien definido para informar y gestionar incidencias preocupa a las asociaciones de usuarios.
La confusión afecta a los derechos del viajero
La normativa europea de derechos de los viajeros obliga a compensar en casos de retrasos largos, pero la aplicación práctica se puede complicar. Si la causa es un problema en la vía de Adif, ¿debe responder la Generalitat? Los mecanismos de reclamación y compensación pueden volverse lentos y farragosos si primero hay que determinar de quién es la responsabilidad técnica. Esta ambigüedad perjudica al usuario final, que solo busca un servicio ferroviario fiable y saber a quién dirigirse cuando falle.
Ahora los viajeros podrán jugar a adivinar si su retraso es culpa de Madrid o de Barcelona antes incluso de saber si el tren llegará.
