Veinte estados demandan a la administración Trump por la tasa de visado H-1B
Un grupo de veinte estados de Estados Unidos, liderados por California y Nueva York, presenta una demanda contra la administración del presidente Donald Trump. El motivo es una nueva tasa de 100.000 dólares que se exige a las empresas cuando solicitan una visa H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados. Los fiscales generales de estos estados argumentan que esta medida perjudica a sus economías y al sector tecnológico, y alegan que el gobierno federal excede su autoridad al imponerla. El litigio busca que un juez federal declare ilegal la orden y prohíba aplicarla.
La disputa legal se centra en el costo para las empresas
La visa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar especialistas en campos como la tecnología o la ingeniería. La nueva norma, que entró en vigor en octubre, obliga a las compañías a pagar 100.000 dólares por cada solicitud si emplean a más trabajadores extranjeros que nacionales en ciertas categorías. La administración Trump sostiene que este gravamen protege los empleos de los trabajadores estadounidenses y financia programas de formación. Los estados demandantes, en cambio, consideran que es un impuesto ilegal que obstaculiza la innovación y el crecimiento económico.
El resultado podría afectar a la política migratoria laboral
Este enfrentamiento legal es otro capítulo en los esfuerzos de la administración Trump por reformar el sistema de inmigración laboral. La demanda subraya la tensión constante entre el gobierno federal y varios estados en materia de políticas migratorias. Si los estados ganan el caso, se bloquearía una de las herramientas clave del gobierno para desalentar el uso de visas H-1B. El fallo final podría sentar un precedente importante sobre hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo para cambiar las reglas de inmigración sin la aprobación del Congreso.
Parece que la batalla por atraer talento ahora incluye una costosa entrada para los empleadores, un precio que algunos no están dispuestos a pagar sin pelear primero en los tribunales.
