El Senado aprueba los cortes de suministros en ocupaciones ilegales
El Senado ha dado luz verde a una proposición de ley que modifica el Código Penal para excluir el corte de suministros básicos como agua y electricidad en viviendas ocupadas ilegalmente de la tipificación del delito de coacciones. Esta iniciativa legislativa surge tras una polémica decisión judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona que respaldó la acción de los propietarios al interrumpir estos servicios sin consecuencias penales. El texto normativo ahora avanza hacia el Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación parlamentaria, donde se debatirán los matices jurídicos y sociales de esta medida.
Fundamento legal y apoyo judicial
La reforma se sustenta en el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona, que determinó que los propietarios pueden suspender servicios como la luz y el agua en casos de ocupación ilegal sin incurrir en coacciones. Este criterio judicial ha servido como base para la proposición, argumentando que los ocupantes carecen de derecho a mantener suministros cuando la posesión de la vivienda es ilícita. Los promotores de la ley enfatizan que se busca proteger la propiedad privada y agilizar la recuperación de inmuebles, aunque críticos alertan sobre posibles conflictos con derechos fundamentales.
Próximos pasos y debate parlamentario
La iniciativa ahora se dirige al Congreso, donde los grupos políticos analizarán su encaje en el ordenamiento jurídico y su impacto social. Se espera un debate intenso sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y la protección de condiciones básicas de vida, incluso en contextos de ocupación irregular. Si se aprueba, la reforma podría alterar significativamente las estrategias de propietarios y afectar la jurisprudencia en materia de desahucios y conflictos de vivienda.
Mientras tanto, algunos propietarios celebran la medida como un arma eficaz, aunque irónicamente, ahora podrían enfrentar más demandas civiles en lugar de penales, cambiando el campo de batalla legal de los juzgados a los despachos de abogados.
