Reclamamos vivienda digna mientras apoyamos modelos que encarecen el acceso
Mientras miles de personas salen a las calles reclamando vivienda digna, seguimos apoyando modelos económicos y políticos que encarecen artificialmente el acceso a la misma. Esta contradicción genera un círculo vicioso donde la demanda social choca frontalmente con las dinámicas de mercado que hemos normalizado. El problema se agrava cuando las soluciones propuestas desde instituciones y colectivos no cuestionan los mecanismos base que distorsionan los precios.
El efecto de la especulación inmobiliaria
La financiación de la vivienda ha convertido un derecho básico en un producto de inversión, donde fondos buitre y grandes tenedores acaparan stock residencial vacío esperando su revalorización. Mientras tanto, familias enteras deben dedicar más del 50% de sus ingresos a pagar alquileres desproporcionados o hipotecas interminables. Esta dinámica especulativa cuenta con complicidad regulatoria a través de leyes que favorecen más al propietario que al habitante.
Soluciones que perpetúan el problema
Las ayudas públicas al alquiler y los planes de vivienda protegida often actúan como parches temporales que no resuelven el desequilibrio estructural. Al subsidiar la demanda sin controlar los precios, estos mecanismos terminan inflando aún más el mercado. Peor aún, cuando se construye vivienda pública, frecuentemente se hace en zonas periféricas sin servicios, segregando socialmente a los beneficiarios y alejándolos de oportunidades laborales.
Resulta curioso que mientras protestamos por los precios abusivos, seguimos votando a quienes diseñan las leyes que los permiten y soñamos con convertir nuestra propia vivienda en un activo especulativo. Parece que queremos vivienda digna para nosotros pero no cuestionamos un sistema donde la dignidad habitacional depende de la capacidad de pago.
