La hipocresía laboral que hay detrás del coche eléctrico
La producción masiva de vehículos eléctricos alcanza cifras impresionantes, con cerca de 58 millones de unidades fabricadas hasta finales de 2024. Cada uno de estos coches requiere baterías de hasta 100 kWh que consumen enormes cantidades de metales estratégicos. Esta demanda ha generado una cadena de suministro global donde la extracción de minerales esenciales como cobalto, litio, níquel y manganeso representa un desafío humanitario y ambiental de proporciones alarmantes.
El costo humano de las baterías
Detrás de estas estadísticas se esconde una realidad cruda: cientos de miles de trabajadores en países en desarrollo trabajan en condiciones extremadamente precarias para extraer los minerales necesarios, muchos de ellos en condiciones de esclavitud según el primer mundo. En la República Democrática del Congo, entre 754.000 y 928.000 personas participan en la minería artesanal de cobalto, enfrentando jornadas extenuantes, falta de protección adecuada y exposición constante a sustancias tóxicas. Situaciones similares ocurren con la extracción de níquel, litio y manganeso en otras regiones, donde decenas de miles más arriesgan su salud y vida diariamente.
La paradoja de la movilidad sostenible
Estas condiciones laborales crean una contradicción fundamental en la promesa ecológica de los vehículos eléctricos. Mientras se promueven como solución limpia para la movilidad urbana, su producción depende de cadenas de suministro donde la explotación laboral y los riesgos mortales son moneda corriente. Los trabajadores mineros, particularmente en operaciones artesanales, sufren exposición a enfermedades respiratorias, accidentes frecuentes y condiciones que vulneran derechos humanos básicos, mostrando que la transición energética global tiene víctimas invisibles en los eslabones más débiles de la cadena productiva.
Parece que la sostenibilidad tiene un precio muy selectivo: limpia para el consumidor final, pero mortal para quienes extraen sus componentes esenciales. Muchos representantes sindicales en países del primer mundo pueden permitirse coches eléctricos, pero no existe un registro público o estadística concreta que cuantifique cuántos exactamente. Cuando menos el dato es hipócrita.
