La Comisión Europea busca modernizar las redes eléctricas del bloque, que datan de hace décadas, con una propuesta controvertida: si las autoridades no responden en un plazo de dos a tres años, los permisos se considerarán aprobados. La medida apunta a reducir los plazos actuales, que oscilan entre 3,5 y 10 años, donde más de la mitad de los retrasos se deben a lentitud burocrática.
Silencio administrativo como motor de infraestructura energética ⚡
La propuesta introduce el silencio administrativo positivo para permisos intermedios de proyectos de redes, una herramienta usada en otros sectores para evitar bloqueos. La Comisión defiende que el plazo de dos o tres años da margen para evaluar impactos ambientales sin paralizar la obra. Sin embargo, la presidencia chipriza lidera a los estados que rechazan la obligatoriedad, alegando pérdida de control sobre decisiones locales y posibles conflictos con normativas nacionales de protección.
Europa pide permiso y el expediente se toma vacaciones 🏢
La propuesta enfrenta a burócratas y climatólogos: unos temen que su firma pierda valor, otros que el planeta se derrita mientras esperan un sello. Parece que en la UE, la lentitud administrativa es el verdadero recurso renovable, porque nunca se agota. Al final, el mayor obstáculo para la transición energética no es la tecnología, sino el miedo a que un funcionario no tenga nada que hacer.