Cinco municipios japoneses que albergan plantas nucleares o instalaciones de almacenamiento han establecido un impuesto al combustible nuclear usado. Para el año fiscal 2025, los ingresos fiscales estimados alcanzan los 2.400 millones de yenes, una cifra 2,5 veces mayor que hace 15 años, tras el accidente de Fukushima Daiichi en 2011. Este aumento refleja la acumulación de residuos radiactivos debido a los retrasos en la planta de reprocesamiento de Rokkasho, que lleva más de tres décadas en construcción.
Reprocesamiento atrasado: 30 años de promesas y combustible sin tratar ⚛️
La planta de reprocesamiento en Rokkasho, prefectura de Aomori, sigue sin completarse después de más de 30 años de trabajos. Este retraso obliga a las centrales nucleares a almacenar en sus instalaciones el combustible gastado, que se acumula sin un destino final claro. El impuesto municipal busca compensar los costos de almacenamiento y seguridad en estas zonas. La tecnología para reprocesar el uranio y el plutonio aún no opera a escala comercial, lo que prolonga la dependencia de depósitos temporales y genera ingresos fiscales crecientes para los municipios anfitriones.
La tasa que sube mientras el combustible espera su destino final 💰
Los municipios han descubierto que, si el combustible no se mueve, al menos que pague impuestos. Como un inquilino que nunca se va pero deja un buen alquiler, el uranio gastado genera ingresos fiscales que han subido 2,5 veces desde 2011. Mientras los ingenieros de Rokkasho afinan sus herramientas, los pueblos nucleares disfrutan de una fuente de ingresos que crece con cada barril de residuos. Quizás la lección sea que, en la energía nuclear, lo único que se multiplica más rápido que los residuos son los impuestos.