La reciente oleada de detenciones antiterroristas ha reabierto un debate incómodo: el Estado gasta fortunas en vigilancia y sistemas de control para neutralizar amenazas externas, mientras desmantela la red de protección social que evita que el descontento germine. Es la crónica de una hipocresía anunciada, donde el miedo a lo desconocido justifica recortes en lo que realmente nos mantiene a salvo.
Algoritmos de control vs. presupuestos de exclusión 🤖
Los sistemas de vigilancia masiva, como el análisis predictivo de redes sociales o el reconocimiento facial en espacios públicos, requieren inversiones millonarias en hardware y software. Sin embargo, la prevención real de la radicalización pasa por modelos de inteligencia artificial aplicados a la detección temprana de vulnerabilidad social, no solo de amenazas. Mientras se prioriza el gasto en vigilancia reactiva, los centros de salud y escuelas carecen de recursos para integrar a comunidades en riesgo, creando un caldo de cultivo que ningún algoritmo puede predecir ni detener.
El ministro, su dron y la ambulancia que no llega 🚁
Mientras los ministros posan junto a drones de última generación capaces de espiar a un mosquito en una manifestación, el hospital del barrio sigue sin camas para atender a un jubilado con neumonía. La lógica es impecable: mejor comprar un robot antimotines que pagar una plaza de enfermera, total, la gripe no atenta contra el Estado, solo contra el paciente. Pero ojo, que igual el día que el vecino desesperado por no tener vivienda se ponga creativo, el dron no va a poder ofrecerle un alquiler social.