El Ministerio del Interior acumula una deuda de 76,3 millones de euros con las comunidades autónomas por la asistencia sanitaria a presos desde 2018. Hasta ahora se han abonado 121,4 millones, pero el desfase sigue creciendo. Madrid encabeza la lista con 27,2 millones pendientes, seguida de Andalucía (14,8) y Baleares (7,2). Aragón, Canarias, Castilla y León y Galicia también reclaman cantidades significativas.
Un sistema de facturación que necesita revisión técnica 💻
El modelo actual de transferencias entre Interior y las consejerías de Sanidad arrastra fallos de interoperabilidad. Las bases de datos de los centros penitenciarios no se sincronizan en tiempo real con los sistemas autonómicos de salud, lo que genera retrasos en la validación de facturas. Una solución técnica viable pasaría por implementar un middleware basado en estándares HL7 FHIR que unifique los registros de pacientes reclusos y automatice los pagos. Sin embargo, la falta de una API común entre administraciones frena el desarrollo.
Presos con salud, Hacienda con dolor de cabeza 🤕
Parece que el Ministerio del Interior confunde la deuda con un régimen de visitas: promete pagar pero nunca llega. Mientras, los médicos autonómicos atienden a internos con la misma profesionalidad que si fueran funcionarios, solo que cobrando con cuentagotas. Si la sanidad penitenciaria fuera una serie, su título sería El paciente 76 millones: temporada interminable. Al menos los presos tienen cama y comida asegurada; las comunidades, solo facturas pendientes.