El Gobierno insiste en buscar la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE mientras la vivienda se encarece y la sanidad pública se resiente en las mismas comunidades autónomas. Es difícil explicar a un ciudadano que paga un alquiler disparado que la prioridad sea un gesto diplomático que depende del consenso de otros países. La eficacia en lo interno debería preceder a la ambición externa.
El coste de oportunidad de la burocracia lingüística 💸
La gestión de los expedientes de lenguas cooficiales en Bruselas requiere equipos de traductores y personal técnico que podrían destinarse a digitalizar listas de espera sanitarias o a desarrollar plataformas de acceso a vivienda pública. Mientras, los sistemas de interoperabilidad entre comunidades languidecen y los portales de servicios sociales arrastran errores de diseño. Priorizar símbolos frente a herramientas funcionales lastra la transformación digital de la administración.
El traductor de la UE no paga tu hipoteca 🏠
Quizás el siguiente paso sea pedir que los funcionarios europeos aprendan a decir piso de alquiler asequible en catalán, euskera y gallego, mientras aquí resolvemos lo de la cita médica con un bolígrafo y papel. Al menos, cuando un ciudadano reclame su vivienda digna, podrá hacerlo en su lengua cooficial. Eso sí, desde la cola del paro.